Marea Roja
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La transparencia del PP
Cuando supo que el general Santamaría hablaría también del Batallón Vasco Español, Aznar la liquidó de un plumazo
La frustrada Comisión GAL, ejemplo del interés del PP por la transparencia
ELPLURAL.COM
“Es un gran triunfo para la democracia, para el Estado de derecho y, sin duda, un éxito para la transparencia”. Así celebraba José María Aznar, entonces en la oposición, la Comisión de Investigación de los GAL en el Senado sacada adelante por el PP tras una larga lucha parlamentaria. Era octubre de 1995 pero ya en diciembre del mismo año los populares habían cambiado de idea. Una reunión del entonces miembro de la Ejecutiva del PP y ex ministro de Interior de UCD, Rodolfo Martín Villa, y el teniente general José Antonio Sáenz de Santamaría, les hizo recular: dos días después del encuentro, el grupo liquidó la Comisión. “Lo que ocurrió es que un general del Ejército que había desempeñado tareas de Gobierno, anunció que tenía documentación sobre cuarenta casos de terrorismo de Estado ocurridos en la etapa de UCD”, explicaba el entonces portavoz de PNV, Iñaki Anasagasti.
Ver : Transparencia del PP
Los 129 desperfectos que dejó la F1
H. García, Valencia
El Consorcio Valencia 2007 ha remitido a la Conselleria de Infraestructuras un extenso listado con 129 desperfectos detectados en la marina del puerto como consecuencia de la celebración del Gran Premio de F-1. Entre las reparaciones pendientes cinco meses después de la celebración de la prueba automovilística se encontraría el helipuerto y los tres restaurantes del canal desmantelados para construir el circuito. En la relación se incluye la reposición de conexiones a la red de agua potable y de riego de las zonas de jardinería, la reparación del cableado de fibra óptica del centro de seguridad y de las cámaras de vigilancia del acceso del paseo de Neptuno de la Aduana.
Elementos de jardinería, mobiliario y señalización horizontal sin instalar, farolas rotas y caminos de madera dañados se suman al listado de reparaciones que la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, sacó a colación -sin dar detalles- la semana pasada en Elx para replicar a las críticas de la alcaldesa, Rita Barberá, por la falta de apoyo del Gobierno a la Copa del América. El Ejecutivo ha dicho que no firmará ningún acuerdo con ACM para la próxima regata mientras no se resuelva la situación jurídica entre Alinghi y BMW Oracle.
Todo arreglado en este mes
Salgado recordó en su visita a Elx que la Generalitat y Valmor Sport se comprometieron a reponer todos los servicios e instalaciones que se vieran afectados por la celebración de la competición de F1. A finales de verano ya se requirió a las administraciones valencianas para que repusieran la marina dado que su estado no era el idóneo.
La alcaldesa y presidenta del Consorcio respondió a Salgado admitiendo que había desperfectos, pero que ya se habían reparado.
Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras aseguraron ayer que no les consta la existencia del listado de desperfectos al que sí ha tenido acceso este diario y que, en todo caso, sólo quedan “pequeños detalles” como el “desmontaje de vallas”. Apuntaron que todo estará acabado a lo largo de este mes.
La Generalitat encargó al arquitecto José María Tomás el proyecto del mobiliario y la jardinería fija y móvil que debe poner orden en la marina y hacer compatible el circuito con el uso ciudadano de este espacio. El Consorcio, donde están representados el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, es el responsable de la gestión de la marina donde se invirtieron a través de un crédito del ICO más de 400 millones de euros.
La Generalitat invirtió 85 millones en el trazado de F1 que atraviesa el futuro barrio del Grao y la marina del puerto.
Valencia 2007
“sobrevive” con la
aportación estatal
La situación económica del Consorcio Valencia 2007 está al límite. El organismo que gestiona la marina del puerto de Valencia, en trámites de ser cedida por el Puerto a la ciudad, sobrevive con la aportación de 16 millones de euros que hizo en 2008 el Gobierno. Fuentes gubernamentales explicaron que ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Valencia han abonado la parte que les corresponde (16 y 8 millones respectivamente) para garantizar el funcionamiento del Consorcio. Estas aportaciones permiten hacer frente al gasto corriente y de mantenimiento del organismo que todavía no se ha reunido para aprobar el presupuesto de este año. Valencia 2007 pasó 2008 con un presupuesto prorrogado ante la falta de acuerdo entre el Gobierno socialista y las administraciones valencianas del PP sobre los estatutos del nuevo consorcio. Las relaciones encallaron con la propuesta de presidencia rotatoria de la Administración central avalista del préstamo del ICO con el que se pagaron las infraestructuras de la Copa del América. El crédito debe devolverse a partir de la explotación económica de la marina.
Las contradiciones del PP
Un presidente gay de Nuevas Generaciones, en defensa del recurso contra los matrimonios homosexuales
EL PLURAL / ANDALUCÍA
Carlos Sánchez ha sido elegido recientemente presidente de la organización juvenil del PP en Almería. Ha dado un paso importante al presentarse a la presidencia de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la provincia de Almería. Obtuvo el 97 por ciento de los votos de los compromisarios. Poco después de ser elegido, el nuevo dirigente popular hizo pública su homosexualidad.
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Aunque pudiera parecer una contradicción, Sánchez piensa que el Partido Popular nunca ha estado en contra de los homosexuales. A pesar de que su partido presentó y mantiene un recurso de inconstitucionalidad contra el derecho de gays y lesbianas a contraer matrimonio, el dirigente juvenil cree que este debate es falso y que sólo “gira en torno a una denominación que procede de la Iglesia católica, la de matrimonio”.
Matrimonios homosexuales
Sánchez ha afirmado que este tipo de cosas “no sorprenden en el partido, ni deben sorprender porque la sociedad está cambiando. Por el contrario, es a la prensa a quien más le ha llamado la atención”. Sobre el recurso del PP sobre la inconstitucionalidad de los matrimonios homosexuales, asegura que todos deben tener los mismos derechos y que el recurso simplemente hace referencia al término y no a los derechos.
La familia no corre peligro
Es un gran defensor de la familia. Dice entender que la Iglesia católica esté en contra del término y que “no nos debemos perder en debates estériles, pues lo importante son los derechos iguales para todos, no el nombre”. “Yo creo en la familia, es una institución que respeto y en la que vivo. No creo que por lo que yo haga corra ningún peligro. Concluye afirmando que “la familia ha pasado por muchos cambios y no se ha destruido, ahora tampoco va suceder”.
–>Aunque pudiera parecer una contradicción, Sánchez piensa que el Partido Popular nunca ha estado en contra de los homosexuales. A pesar de que su partido presentó y mantiene un recurso de inconstitucionalidad contra el derecho de gays y lesbianas a contraer matrimonio, el dirigente juvenil cree que este debate es falso y que sólo “gira en torno a una denominación que procede de la Iglesia católica, la de matrimonio”.
Matrimonios homosexuales
Sánchez ha afirmado que este tipo de cosas “no sorprenden en el partido, ni deben sorprender porque la sociedad está cambiando. Por el contrario, es a la prensa a quien más le ha llamado la atención”. Sobre el recurso del PP sobre la inconstitucionalidad de los matrimonios homosexuales, asegura que todos deben tener los mismos derechos y que el recurso simplemente hace referencia al término y no a los derechos.
La familia no corre peligro
Es un gran defensor de la familia. Dice entender que la Iglesia católica esté en contra del término y que “no nos debemos perder en debates estériles, pues lo importante son los derechos iguales para todos, no el nombre”. “Yo creo en la familia, es una institución que respeto y en la que vivo. No creo que por lo que yo haga corra ningún peligro. Concluye afirmando que “la familia ha pasado por muchos cambios y no se ha destruido, ahora tampoco va suceder”.
Camps afirma que la sentencia del Supremo sobre Ciudadanía es un “varapalo” a Zapatero
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, señaló ayer que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía es “un varapalo de primera magnitud” que se lleva el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
El Supremo rechazó el miércoles que los padres de alumnos puedan optar por la objeción de conciencia para evitar que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía.
Según Camps, con la sentencia “queda demostrado” que una asignatura que sólo quería “adoctrinar” a unos jóvenes no correspondía con una “España plural y democrática”. En este sentido, indicó que la materia que será impartida debe ser acordada “por consenso” entre los grandes partidos políticos de España.
Así se manifestó durante la celebración de la Feria de Turismo en Madrid, en la que, preguntado por periodistas, destacó que la sentencia “recoge todas las inquietudes” de la Generalitat para hacer de esta asignatura “no una doctrina de izquierdas impuesta de una parte de la sociedad a otra”, sino como la orden de la Conselleria de Educación, que limita los contenidos “a las cuestiones estrictamente constitucionales”.
Camps señaló que Zapatero pasa a la historia como uno de los políticos que más tensiones y más brechas de sentimiento ha causado en la España democrática.
“Un gobierno que hace esa interpretación es un gobierno que manifiesta una ignorancia supina”, respondió el delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, en un comunicado. Acusó a Camps, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al líder del PP, Mariano Rajoy, de haber querido boicotear la asignatura
Las asociaciones de la enseñanza concertada, la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos y la Confederación de Centros de Educación y Gestión dijeron que los padres objetores recurrirán la sentencia al Constitucional, “lo que significa que este asunto no está cerrado”.
Esquerra Unida solicitó al presidente Camps la retirada inmediata de la orden autonómica sobre Educación para la Ciudadanía y pidió la dimisión del conseller de Educación, Font de Mora, al igual que la organización Escola Valenciana.
El PP indicó que la ministra de Educación, Cabrera, grabó un vídeo sobre la sentencia del Supremo antes de hacerse pública. El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, condideró “un insulto objetivo” la insinuación del PP.