El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, señaló ayer que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía es “un varapalo de primera magnitud” que se lleva el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El Supremo rechazó el miércoles que los padres de alumnos puedan optar por la objeción de conciencia para evitar que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía.

Según Camps, con la sentencia “queda demostrado” que una asignatura que sólo quería “adoctrinar” a unos jóvenes no correspondía con una “España plural y democrática”. En este sentido, indicó que la materia que será impartida debe ser acordada “por consenso” entre los grandes partidos políticos de España.

Así se manifestó durante la celebración de la Feria de Turismo en Madrid, en la que, preguntado por periodistas, destacó que la sentencia “recoge todas las inquietudes” de la Generalitat para hacer de esta asignatura “no una doctrina de izquierdas impuesta de una parte de la sociedad a otra”, sino como la orden de la Conselleria de Educación, que limita los contenidos “a las cuestiones estrictamente constitucionales”.

Camps señaló que Zapatero pasa a la historia como uno de los políticos que más tensiones y más brechas de sentimiento ha causado en la España democrática.

“Un gobierno que hace esa interpretación es un gobierno que manifiesta una ignorancia supina”, respondió el delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, en un comunicado. Acusó a Camps, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al líder del PP, Mariano Rajoy, de haber querido boicotear la asignatura

Las asociaciones de la enseñanza concertada, la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos y la Confederación de Centros de Educación y Gestión dijeron que los padres objetores recurrirán la sentencia al Constitucional, “lo que significa que este asunto no está cerrado”.

Esquerra Unida solicitó al presidente Camps la retirada inmediata de la orden autonómica sobre Educación para la Ciudadanía y pidió la dimisión del conseller de Educación, Font de Mora, al igual que la organización Escola Valenciana.

El PP indicó que la ministra de Educación, Cabrera, grabó un vídeo sobre la sentencia del Supremo antes de hacerse pública. El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, condideró “un insulto objetivo” la insinuación del PP.